¿Qué responsabilidad tuvo el Conelec en los últimos apagones? En su plan se estableció que debían construirse 300 MW de energía termoeléctrica, que no se hizo.
Nosotros requerimos un cambio constitucional para que el Estado pueda invertir en el sector eléctrico. No se podía poner los recursos porque todos nos íbamos a la cárcel por peculado. Tal vez sí se pudieron hacer un poco más rápido las cosas desde los cambios constitucionales.

¿El Conelec advirtió sobre la posibilidad de apagones?
Pero no solo con una advertencia se podían hacer los proyectos. Se hicieron cambios legales que permitieron la inversión. Y en el momento en que se permitió la inversión, se priorizaron los proyectos hidroeléctricos.

¿Ese fue el error?
Pudo haber sido un error. Tal vez se consideró que íbamos a alcanzar a concluirlos. Y el estiaje fue uno de los más fuertes de las últimas décadas.

El Plan Maestro de Electrificación 2009-2020 señala que este año se requiere incorporar al menos unos 300 MW de potencia adicional. ¿Qué avances se tiene?
Para el estiaje del 2010, el Ministerio estableció que se requieren 380 MW térmicos. Este año ingresará Mazar y se ampliará el proyecto Baba de 50 MW a 150 MW.

¿Qué tipo de centrales van a instalarse?
Serán centrales que funcionan con gas y con residuo de petróleo. Se priorizarán los equipos que nos puedan entregar más pronto.

El Gobierno está volviendo a una empresa única en el sector eléctrico, similar al ex Inecel ¿Dónde entran las empresas privadas?
De acuerdo con las normas constitucionales, el Estado va a tener un rol protagónico en los sectores estratégicos. En tiempos anteriores, el Estado podía delegar esa responsabilidad a la empresa privada. Eso no funcionó y condujo a los recientes apagones. Pero también se está buscando la participación de los sectores privados donde sea necesario.

¿Dónde?
Todavía no los sabemos, pero sí sabemos que los grandes proyectos van a estar a cargo del Estado, porque necesitamos una independencia y soberanía energética que permita que no volvamos a caer en los apagones. En función de eso, en el Plan Nacional del Buen Vivir se ha diseñado un esquema mediante el cual esto pueda desarrollarse. En él, el Ministerio de Electricidad va a ser el rector de las políticas. Antes había una subsecretaría de Electricidad dentro del Ministerio de Energía y Minas que no tenía protagonismo. En este contexto, el Conelec asumió muchas competencias que le correspondían a un Ministerio en realidad.

¿Qué competencias?
Si bien regulaba y controlaba -continuará con esa competencia-, también dictaba las políticas. Es decir, determinaba la participación de las empresas privadas, concesionaba, reglamentaba el mercado eléctrico mayorista... Pero hubo competencias que no tomaron en ninguna instancia

¿Cómo cuáles?
La responsabilidad de garantizar el suministro de energía para la población, que debía asumir un Ministerio, que no había. Y eso se trató de delegar a la empresa privada, que no lo pudo cumplir. En parte, el Conelec trató de incentivar a través de concesiones para que la empresa privada participe. Digamos que hubo una serie de competencias desperdigadas: responsabilidades que no se debían asumir y lo hizo y otras que debían asumirse y no fue así. Ello propicia un cambio que es necesario. Las empresas de distribución y generación fueron diseñadas para que puedan ser vendidas y que nunca se logró, al igual que el mercado eléctrico mayorista. Pero luego de más de 10 años, las empresa siguen siendo estatales y hubo terribles distorsiones.

¿Por ejemplo?
La acumulación de deudas, las pérdidas en las empresas de distribución donde prácticamente no había control

Pero ese control debía hacerlo el Conelec...

Pero precisamente por ser sociedades anónimas, solo se podía controlar un poco los índices de gestión y de calidad de servicio. Pero no podíamos ni siquiera controlar los pagos que hacían a las generadoras, por su figura jurídica. Y resulta que después teníamos más de USD 1 000 millones en pérdidas, que tuvieron que cruzarse con un mandato constituyente. Eso no se podía mantener. La mayoría de las empresas tienen un dueño que es el Estado y éste tiene la responsabilidad de controlarlas y vigilarlas a través de sus diferentes instituciones.

En este nuevo modelo del sector eléctrico, ¿dónde estará el Conelec?
El Ministerio de Electricidad es el rector de las políticas, luego viene la Agencia de Regulación y Control

¿Ese es el Conelec? ¿Va a cambiar de nombre?
Sí, va a cambiar de nombre. Estamos en el proceso. Debajo de ella están las empresas públicas y privadas que deben ser reguladas. Paralelo al modelo estarán los institutos de investigación para el desarrollo. El modelo busca fortalecer la Agencia de Regulación y Control. El Conelec antes incentivaba para que las empresas privadas entren a proyectos de generación pero no podía obligarles a que construyan.

¿Cuáles serán los cambios?
El Conelec trataba de ser totalmente independiente, con gente de experiencia, el Presidente del Directorio era designado por concurso público. Ahora preside el Ministro de Electricidad. En el modelo anterior, el Conelec debía dar concesiones y hacer concursos para atraer inversión, además de regular las tarifas. Pero nunca estuvo claro de quién era la responsabilidad de la ejecución. Estaba en la empresa privada, pero no podía asumir un negocio que no era rentable.

¿Y cómo funcionará con la Agencia de Regulación?
El Conelec ya no va a emitir regulaciones para que los agentes del sector transen entre sí, sino que será una agencia más sólida y fortalecida que va tener la competencia de controlar a las empresas públicas y regulará la participación de la empresa privada.

La regulación anterior era muy débil porque el modelo se fundamentaba en que la oferta y la demanda regulaban el mercado. Ahora hay que regular niveles de eficiencia de las empresas, hay que regular tarifas, controlar programas de mejoramiento y la relación con el consumidor. Lo que se regula se controla, pero también se debe vigilar el buen uso de los recursos del Estado, no desde la perspectiva de la Contraloría sino desde la ejecución de los proyectos.

¿Para ello se requiere de una reforma?
Tenemos que hacer un cambio de Ley. A través de la nueva Ley del Sector Eléctrico entrará todo esto. Pero no significa que debemos esperar su aprobación porque bajo la Ley actual tenemos la facultad de controlar y regular y también la Constitución no da la facultad. Como el control en la gestión.

¿Cuando está previsto que salga la Ley?
En los próximos meses. Había un importante avance pero con la crisis energética hubo retrasos.

¿El CONELEC aún mantiene la competencia de concesionar proyectos de generación?
La concesión del Estado al mismo Estado ya no existe. Pero las concesiones a las empresas privadas por excepción sí existen todavía.

En el Plan Estratégico 2007-2016 hay tres proyectos de generación privados (Angamarca, Villonaco e Hidrotambo) que ya debían estar operando pero están detenidos. ¿Qué pasó?
En la mayoría de proyectos había una iniciativa privada que tenía interés en un recurso del Estado. Cuando se iniciaba el proyecto hacían los trámites en el Conelec con un estudio de prefactibilidad, con un estudio de impacto ambiental preeliminar y la posibilidad de financiamiento. Con ello se daba un certificado de permiso para iniciar los estudios y posteriormente se firmaba el contrato de concesión, pero en esa etapa se quedaron muchos proyectos. Entre los que sí pasaron están aquellos que usted menciona, los cuales avanzaron y encontraron recursos para los estudios de factibilidad, pero no pudieron conseguir los recursos para construir el proyecto de generación. Entonces comenzaron a pedir ampliaciones constantes para cumplir los requisitos. Algunos como Angamarca tuvieron problemas con la comunidad. Otros como el Villonaco suscribieron un permiso, pero a pesar de que ya estaba comprobada la fuente de financiamiento nunca se comenzó a construir porque esta fuente no fue firme. Ahora lo asumió el Estado

¿Qué proyectos va a asumir el Estado?
Estamos por definir, pero el Estado puede hacerlo también a través de los gobiernos seccionales. En el caso del Villonaco es un proyecto prioritario para el Estado.

Fuente: Diario El Comercio