De acuerdo al último reporte de conflictos sociales publicado por la Defensoría del Pueblo, existen a febrero 252 conflictos entre activos y latentes, de los cuales 121, es decir, el 48%, son socioambientales. Entre las causas de dichos conflictos socioambientales se encuentran la posible contaminación de ríos, la afectación de áreas naturales protegidas, secamiento de laguna, mal manejo de residuos sólidos, uso irracional del agua, la ubicación de una planta de tratamiento de aguas servidas. Asimismo, la mayoría de estos conflictos están relacionados a empresas mineras.

En general, existe temor en la población por la contaminación ambiental que podría generar una empresa minera, sin distingo expreso entre la mediana y gran minería.

Sin embargo, en algunos casos, la contaminación ambiental no se ha llegado a producir sino que la población percibe que se ha producido o que podría producirse. Por tanto, más que un problema real se trataría de uno potencial propio de las actividades mineras. Sin embargo, en la práctica es complejo variar la percepción o idea que la población se ha formado respecto al impacto ambiental relacionado a la actividad minera.

Esta mala percepción ha ocasionado que actividades mineras se vean afectadas ya sea con paralización de actividades o con dificultades para su desarrollo, generándose un clima de violencia o agresividad en la zona.

Esta difícil situación puede verse agravada o aliviada por la conducta de las autoridades de la zona en conflicto. Muchas veces las decisiones de las autoridades solamente tomadas con criterios políticos perjudican no solo las actividades de una empresa específica en dicha zona sino a todo el sector. Por tanto, el rol de las autoridades en la prevención y manejo de los conflictos socioambientales es fundamental.

Desde el punto de vista técnico considero que existe una herramienta indispensable en la gestión ambiental que debe aplicarse y usarse adecuadamente en las diversas regiones del país, la Zonificación Ecológica Económica- ZEE.

Mediante la ZEE se busca identificar las diferentes alternativas de uso sostenible de un territorio determinado, basados en la evaluación de sus potencialidades y limitaciones con criterios físicos, biológicos, sociales, económicos y culturales. Es decir, es un instrumento técnico y orientador del uso sostenible de un territorio y de sus recursos naturales para evitar conflictos por superposición de títulos y usos inapropiados. Justamente entre sus objetivos se encuentra la conciliación de intereses y la contribución a los procesos de concertación entre los diversos actores sociales sobre la ocupación y uso adecuado de su territorio.

Es decir, la ZEE, si es usada técnicamente y sin intereses políticos de antidesarrollo de por medio, es una herramienta de prevención y manejo de conflictos socioambientales valiosísima para la gestión ambiental del país, que busca el aprovechamiento de los recursos naturales en armonía con los intereses nacionales de conservación.

La ZEE no debe ser utilizada solo con la finalidad de excluir la actividad minera de una región, sino, por el contrario, para identificar las diversas actividades que se realizan en su territorio y los distintos usos que se le dan a los recursos naturales con la finalidad de establecer criterios que permitan la coexistencia de las actividades.

Un ejemplo, del uso de la ZEE en el manejo de un conflicto socioambiental es la reciente aprobación del estudio de ZEE en Madre de Dios como complemento a la declaración de interés nacional del ordenamiento minero en dicho departamento . En este caso, debido a la degradación de los recursos naturales ocasionada por la minería aurífera informal, la ZEE tiene una función de prevención de alteración de otras zonas y de remediación de las ya afectadas.

Por tanto, es necesario evitar que se genere la percepción de contaminación ambiental en la población, para lo cual debe garantizarse, por un lado, el acceso de la población a la información de las actividades a realizarse en la zona y, por el otro, que la toma de decisiones por parte de las autoridades se base en criterios técnicos y no solo políticos.

Fuente: Artigo de Fabiola Capurro Villarán, Especialista en derecho ambiental del Estudio Ferrero, publicado em Gestión - El diario de economía y negocios del Perú