Las comunidades indígenas y afroecuatorianas que ocupan 5 millones de hectáreas de territorio en el país ya no recibirán recursos por cuidar sus bosques. Estas quedaron fuera a raíz de las modificaciones que se hicieron en el fideicomiso de la Iniciativa Yasuní-ITT.

En la propuesta original del acuerdo, que servirá para administrar los fondos, se preveía ayudar a las comunidades con aportes para capacitación, educación y programas de salud. Según Roque Sevilla, ex presidente del Consejo Administrativo, "el objetivo era incentivar a que ellos sean los guardianes de esos bosques, a cambio de un pago por hectárea conservada".


Las modificaciones
Quedaron fuera de la asignación de recursos las 5 millones de hectáreas de territorios de las comunidades indígenas. Fueron excluidas porque la disposición presidencial es que solo se incluyan a las 5 millones de hectáreas de las áreas protegidas .
El Comité Directivo ahora tiene 6 representantes con voz y voto para la toma de decisiones . Tres serán del Gobierno, dos de los contribuyentes y uno de la sociedad civil. El Gobierno tendrá voto dirimente y el PNUD solo tendrá voz. Aún no hay reglamentos para la designación.
El término donante que contenía el fideicomiso anterior fue reemplazado por el de contribuyente. Esto porque el Ejecutivo considera que se trata de un proyecto conjunto entre Ecuador y los países contribuyentes de responsabilidad compartida sobre el cambio climático.
Desapareció la participación del Fondo Ambiental Nacional (FAN). En el anterior documento se establecía que si no se consolidaba el fideicomiso, parte de los recursos pasaban al FAN. En el actual, el Estado es el único ejecutor soberano de los proyectos en las áreas determinadas.
El ex funcionario dijo: "Malentendieron esto, sobre todo Alexis Mera (asesor jurídico de la Presidencia), al creer que se trataba de crear otro parque nacional de 5 millones de hectáreas".

El temor es que desaparezcan poco a poco los bosques que aún se conservan en estos territorios. Uno de estos bosques es aquel que va desde el este de Tena hasta cerca de la frontera con el Perú. Hoy pertenece a la Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza y aún está conservado.

Sin ingresos económicos ni restricciones sobre estas zonas, los indígenas y afroecuatorianos se verán seducidos a explotar la madera. Y esto contradice con uno de los propósitos del fideicomiso: frenar la deforestación.

Carlos Larrea, asesor de la Iniciativa, indicó que si bien los territorios indígenas quedaron fuera, las comunidades podrán postular con sus proyectos para la entrega de los recursos económicos.

Sevilla y Alberto Acosta, ex ministro de Energía y uno de los mentalizadores del proyecto, coincidieron en que la decisión del Presidente de aprobar el nuevo instrumento fiduciario es una buena señal para la Iniciativa.

No obstante, Esperanza Martínez, del colectivo Amazonía por la Vida, prefirió ser cautelosa. "Después de lo ocurrido en estos tres años, es preferible mantener la serenidad ante uno u otro anuncio. Mientras no esté firmado el fideicomiso no celebraremos".

Acosta está de acuerdo con que el país tenga soberanía para determinar los proyectos de inversión. Pero también advirtió que los aportantes exigirán seguridad de que los recursos irán a los sectores establecidos.

Entre tanto, el nuevo fideicomiso llegó el miércoles al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Quito y ayer fue remitido a Nueva York, para que sea analizado por la Oficina de Multidonantes. Además, hubo una reunión entre José Manuel Hermida, representante del PNUD, y la ministra de Patrimonio, María Fernanda Espinosa.


Fonte: El Comércio/ Redacción Sociedad