Cerca del 50% de los conflictos sociales que conoce la Defensoría del Pueblo es de carácter socioambiental. De ellos, alrededor del 80% tiene como causa principal la percepción de algún tipo de afectación o riesgo ambiental. Pero lo percibido no es necesariamente equivalente a lo real. Podemos, incluso, no percibir o ser indiferentes al deterioro ambiental existente. Resolver esta posible divergencia requiere la intervención estatal.

En el año 2007, ante la creciente conflictividad socio-ambiental y la relevancia de la agenda ambiental para los derechos de las personas, la defensora del Pueblo propuso introducir reformas en la regulación del área y contar con una autoridad ambiental independiente. La creación del Ministerio del Ambiente (Minam) hace dos años constituyó un paso valioso en dicho camino. No obstante, hoy en día, la reforma todavía está incompleta. ¿Qué falta? Para empezar, podemos ordenar las prioridades en tres rubros básicos: los objetivos de la política, las organizaciones estatales y los instrumentos de gestión.

Respecto a lo primero, la Política Nacional del Ambiente ya aprobada debe ser convertida en un conjunto preciso de indicadores y metas respecto del desempeño ambiental del país, que orienten el accionar de los involucrados en la aplicación de dicha política. Esto debiera ser parte esencial del contenido del Plan Nacional de Acción Ambiental actualmente en elaboración.

En lo que concierne a las organizaciones del Estado, las competencias del Minam necesitan ampliarse. El agua, los bosques naturales y la fauna silvestre deben incorporarse a su ámbito. Esto es estratégico con vistas al cambio climático y crucial si se observa la diversidad biológica y cultural del país.

Por otra parte, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental debe, como base para su credibilidad, contar con niveles de autonomía similares (o incluso superiores) a los que cuentan los organismos reguladores. Asimismo, la autoridad promotora de las inversiones no puede definir, al mismo tiempo, su viabilidad ambiental sin generar una sensación de parcialidad en la ciudadanía. Por ello, la aprobación de las Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA) debe ser una prerrogativa del sector ambiental, en el marco de un proceso ordenado de transferencia que incluya a los gobiernos regionales.

Además, debemos evaluar el proceso de descentralización de la gestión ambiental, en particular las capacidades regionales y locales, corrigiendo sus deficiencias. Los problemas de la minería “informal” muestran la urgencia de esta tarea.

Con relación a los instrumentos de gestión, requerimos transitar de un modelo esencialmente sectorial y de gestión de proyectos a uno que, sin dejar de lado lo aprendido, incorpore el enfoque territorial y transectorial. Para ello, herramientas como el ordenamiento territorial y la evaluación ambiental estratégica deben cobrar mayor protagonismo. Un país diverso y rico como el Perú exige identificar las oportunidades para el desarrollo armónico de las diferentes actividades humanas, considerando lo económico, social y ambiental.

Es indispensable mejorar la EIA, la fiscalización, la atención de los pasivos y la participación ciudadana y aprobar la ley sobre el derecho a la consulta de los pueblos indígenas. Se deben completar y actualizar con urgencia los límites máximos permisibles (LMP), que definen una parte importante de las obligaciones ambientales de los privados. De la lista priorizada en el 2006 se cumplió muy poco. Respecto de los 22 LMP que debieron llegar a su término en el 2009, conforme el plan definido por el Minam, solo dos han sido aprobados a la fecha.

Como lo ha destacado la defensora del Pueblo, todo esto demanda un Estado que se acerque y escuche a sus ciudadanos, atendiendo sus inquietudes y preocupaciones con las políticas, organización e instrumentos adecuados. Así, la población, las empresas y los propios funcionarios, contarán con un marco propicio para la prosperidad y la sostenibilidad. Supervisar dicha agenda es una tarea permanente de nuestra institución.

Fuente: Ivan Lanegra/ Publicado en El Comercio, edición del 12 de mayo de 2010, p. a5.