Recientemente, el embajador Javier Pérez de Cuéllar formuló un llamado a favor de la cohesión nacional con vistas a encarar los temas sustantivos para el futuro del Perú. Con ello aludía a la búsqueda de la unidad en los esfuerzos por resolver los problemas más importantes que enfrentan los peruanos en la actualidad.

El desafío y la oportunidad que implica el cambio climático reclaman dicha unidad: desafío, por ser el nuestro uno de los países más vulnerables con relación a este fenómeno global; oportunidad, pues puede alentar la acción conjunta en apoyo de una sociedad más justa y sostenible. ¿Cómo construir la cohesión nacional en torno de este cambio climático? Propongo que iniciemos nuestras tareas a partir de tres consensos esenciales.

En primer lugar, debemos ser conscientes de la estrecha relación que guardan el cambio climático y los derechos fundamentales de las personas. En razón de ello, debemos entender el impacto concreto de los cambios en el clima en la vida de la mayoría de la población, en especial de sus sectores menos favorecidos. La escasez de agua, los impactos sobre la agricultura, la aparición de enfermedades en áreas donde antes no existían, los desastres naturales y la pérdida de la biodiversidad, son factores que pueden vulnerar derechos (a la vida, a la salud, a la alimentación, al acceso al agua, al ambiente, etc.).

El segundo consenso debe girar alrededor de la estrecha relación del cambio climático con la economía y el desarrollo. No se trata de una cuestión solamente ambiental. Aun más, si no se prevén políticas públicas de adaptación a dicho cambio se podría minimizar el avance alcanzado en la reducción de la pobreza y en las cifras de crecimiento de la economía. Según cálculos preliminares, esto podría costarnos alrededor del 4% del PBI en el 2030.

En cambio, aprovechar en forma sostenible los bosques naturales puede generar oportunidades reales de prosperidad para la población - en particular, la de los pueblos indígenas de la Amazonía -, y crear fuentes de trabajo en otras zonas del país. Ser energéticamente eficientes mejorará la competitividad de nuestros productos, y reducirá nuestra dependencia de fuentes fósiles, si aprovechamos las abundantes fuentes de energía renovables que posee el Perú.

Mirando hacia el exterior, y a pesar de que Copenhague no satisfizo la enorme expectativa creada, no debemos dejar de lado las oportunidades que se presentan para nuevos proyectos de desarrollo que impliquen la reducción de emisiones, incluyendo el financiamiento de las acciones destinadas a detener la deforestación.

Por otra parte, el tercer consenso debe ceñirse al establecimiento de mecanismos que aseguren la acción coordinada y coherente de los distintos sectores del gobierno, así como de las municipalidades y los gobiernos regionales. Las políticas de adaptación y mitigación requieren un enfoque de gestión del territorio que sobrepasa los límites de las circunscripciones políticas. Por otro lado, sin el concurso del sector privado y la sociedad civil no se podrá obtener un verdadero desarrollo sostenible. Finalmente, los cambios en los patrones de consumo y producción dependen, en una economía de mercado, de las decisiones de ciudadanos y empresas responsables.

Como se puede colegir, finalmente, estoy refiriéndome a la necesidad de una política de Estado. Se trata de un campo de la política pública que trasciende a los gobiernos y que se debe construir a partir del consenso y el diálogo permanentes. Ahora corresponde a los líderes e instituciones del país, en todos los ámbitos, comprender y enfrentar este enorme desafío, que involucra a las actuales y futuras generaciones. Estamos frente a una demanda ciudadana que irá creciendo progresivamente, y que esta defensora del Pueblo hace suya.

Fuente: El Comercio/ Beatriz Merino Lucero - Defensora del Pueblo