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• Contaminación en el Río Amarillo
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• Continúa la Contaminación al Río Amarillo
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• Todavía sigue impune la contaminación del Río Amarillo
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• Análisis de la Constitución de 1998 con la Constitución del 2008 en materia ambiental
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• Ministerio de Ambiente del Ecuador
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• Comité Nacional de Cambio Climatico del Ecuador
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• Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero Sector Forestal a 1994
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• Acuerdo 168 Ministerio del Ambiente
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• Derrame del OCP afecta a ríos y comunas
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• OCP: derrame en Santa Rosa fue causado por un fenómeno natural
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• Bombeo de crudo se reanuda en el OCP
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Coca-Codo arrancó sin plan ambiental
El recinto Simón Bolívar es un pequeño caserío, de caminos de piedra y tierra y un centro médico donde no hay doctor ni medicinas.
Cronología
En 2008 se formó una empresa mixta con capital ecuatoriano y argentino para administrar el proyecto.
A finales de año se lanza la licitación internacional para contratar al constructor.
El 27 de marzo se abren las ofertas de las estatales chinas Sinohydro y Gezhouba, esta última es descalificada. El proceso continúa con Sinohydro.
El 20 de este mes se anunciará si se adjudica o no el contrato a Sinohydro.
Las casas, que se pierden entre la selva, son solo perceptibles por el brillo de los techos de zinc. A no ser por un grupo de niños que juega en medio camino, el pueblo parece desierto.
En ese lugar empezó la construcción, hace 10 meses, de una vía de 19 kilómetros de largo y 10 metros de ancho que partió en dos al poblado. Por ahí ingresará la maquinaria, el material y unos 5 500 obreros, quienes levantarán el proyecto de ingeniería más importante del país, la central de generación hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair.
La gente de Simón Bolívar dejó sus tareas en el campo para trabajar en esa obra y tener un salario fijo. “A mi esposo le pagan USD 250, pero no nos alcanza”, comenta Emérita Velasco, mientras la neblina rodea la colina donde está ubicada su vivienda.
“Nos dijeron que iban a mejorar los caminos, que nos iban a dar medicinas y un doctor para el centro médico, ha pasado un año y hasta ahora nada se ve”, dice Segundo Janeta, otro poblador.
La obra arrancó en julio del año pasado, con la apertura de las vías de acceso que conducen al proyecto, pero sin tener los estudios ambientales concluidos.
La empresa Codo Sinclair, que administra el proyecto, dice que los trabajos empezaron con un permiso ambiental provisional, en tanto concluyen los estudios.
El paso de camiones, volquetas y retroexcavadoras ha dejado marcado el paisaje. Los trabajos se realizaron de forma desordenada durante la apertura de los primeros 4 kilómetros de la carretera, según habitantes de la zona.
Los resultados están a la vista. Una montaña partida en dos, grandes volúmenes de tierra removidos y deslizamientos constantes de tierra que han afectado las fuentes de agua. Sin un sitio donde poder colocar la tierra removida, estos son lanzados hacia la quebrada del río Coca.
De ahí que el ingreso de la maquinaria al bosque protegido El Tigre, en la Reserva Sumaco, generó voces de alarma entre pobladores y la intervención del Municipio de Gonzalo Pizarro y del Ministerio del Ambiente.
“Para iniciar cualquier obra se debe tener aprobado un estudio de impacto ambiental que permita minimizar los daños. Esto no sucedió aquí, primero se empezó a ejecutar la obra, por considerarla prioritaria y luego se fue estableciendo el mecanismo de manejo ambiental de la zona”, comentó Santiago Echeverría, especialista en gestión ambiental del Municipio de Gonzalo Pizarro.
Las autoridades del Ministerio del Ambiente solicitaron a la firma Codo Sinclair que concluya los estudios y que aplique urgente un plan de manejo ambiental.
Ese plan se aplica desde enero pasado. Por eso, desde el kilómetro cuatro al ocho se aprecian terrazas para minimizar los deslizamientos de tierra y desagües para cuidar el nacimiento de las aguas y su drenaje hacia sus cauces.
A partir del kilómetro 8, el corte en la montaña se va haciendo más profundo. El recorrido termina justo aquí, a puertas del bosque protector. El último tramo de la vía será el más crítico, pues los volúmenes de tierra excavados son cada vez mayores, mientras se acortan los espacios para depositar los desechos.
“Esta es una preocupación muy grande del Ministerio, de los pobladores y nuestra", dijo Esteban Pérez, relacionador comunitario de Codo Sinclair, quien explica que se trabaja con la comunidad y el Ministerio del Ambiente para dar una solución a este tema.
“No se hicieron primero los estudios porque el proyecto fue declarado prioritario. Es una prioridad para el país, pues producirá el 46% de la energía que requiere”.
Codo Sinclair deberá efectuar tareas de reparación en los primeros kilómetros y poner en marcha medidas que minimicen el impacto en el área protegida.
La vía se abre paso a través de fincas y pastizales hasta llegar al bosque protegido, pero sin estudios ambientales definitivos.
El 28 de marzo pasado se presentó un primer borrador a las comunidades para incorporar sus sugerencias. Se espera contar con los estudios a fines de este mes, pues la vía deberá estar concluida en septiembre próximo.
Diario EL COMERCIO
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El control del tráfico de madera se digitalizará
En un año se decomisó 6 488 metros cúbicos de madera ilegal y 11 vehículos. Pero ahora el Ministerio del Ambiente (MAE) pretende mejorar el control forestal, a través de la digitalización de la emisión y revisión de las guías o autorización de movilización de la madera.
La ministra del Ambiente, Marcela Aguiñaga, anunció hoy la adecuación de un sistema informático para la verificación y el control del aprovechamiento forestal maderero. Entrará en funcionamiento a partir de la primera semana de junio.
Según Aguiñaga, las guías antiguas al ser llenadas en forma manual “han sido susceptibles de alteración y manipulación. Por qué no decirlo y reconocerlo, de altísimo grado de corrupción”. También reveló que tampoco se podía comprobar la cantidad de madera aprovechada y las guías eran prestadas entre uno y otro maderero para diferentes planes de aprovechamiento.
La nueva guía, que podrá ser encontrara en la página web del MAE, incluirá información sobre el origen de la madera, el maderero, los responsables del transporte y la comercialización o destino final (fábrica o aserradero).
El sistema se aplicará en los nueve puestos fijos de control instalados en las principales carreteras del país: Baeza, San Mateo, Loja y otros sitios, al igual que en los puestos móviles.
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Santo Domingo está abarrotada de basura por una paralización
Los trabajadores que recolectan la basura en Santo Domingo se declararon en paro indefinido. Ellos reclaman el pago de sus sueldos, desde enero hasta abril.
Desde el pasado miércoles, los 47 camiones que se encargan de la recolección de desechos sólidos permanecen estacionados afuera del Recinto Ferial.
Frente a eso, el Municipio dispuso que el equipo caminero se dedique a la recolección de los desechos. Sin embargo, la limpieza solo se cumplió en las avenidas principales, mientras que en los barrios y mercados, la basura permanece acumulada.
Frente al Mercado Municipal de Santo Domingo trabaja Olga Rojano, comerciante de víveres, quien contó que a veces no puede comer porque no soporta los olores nauseabundos.
Imer Erazo, uno de los trabajadores del servicio de recolección, contó que cada obrero recibe un sueldo de USD 170 mensuales.
Erazo tiene cuatro hijos y por la falta de su remuneración mensual no los pudo matricular en el colegio este año. “El sueldo no me alcanza. Los USD 170 no son ni el sueldo básico. Apenas gano para la comida y el arriendo”.
Otro de los trabajadores, Byron García expresó su inconformidad con el Municipio por el retraso en el pago de sueldos y por las sanciones. “Ganamos un promedio de USD 5,50 por día, pero si nos enfermamos y no acudimos al trabajo nos multan con USD 20”.
Jonathan Erazo, un joven recolector, señala que gracias al trabajo alternativo de reciclaje de cartón, plástico, vidrio y chatarra, pudieron mantenerse, sin sueldo, durante estos meses. Con este trabajo generan ingresos diarios de entre USD 1,5 y USD 2,5.
El paro de los trabajadores afecta directamente a la colectividad. Jorge Montalvo, propietario de una empresa de publicidad en la calle Ambato y Galápagos, manifestó que el culpable de la insalubridad es el alcalde Kléber Paz y Miño Flores. “Como el Burgomaestre perdió las elecciones, ahora, no le importa la
ciudad”.
Otra habitante de ese mismo sector, Sandra Llerena, propietaria de una tienda de abarrotes, ratificó que hay un descuido total por parte del Alcalde. “Solo en este año, la ciudad quedó inundada de basura cinco veces”.
Según el director del Departamento de Saneamiento Ambiental, Santos Capelo, la recolección de basura se suspendió porque los recolectores estaban sin pago por la falta de un contrato. |
Ministerio del Ambiente se pronuncia ante supuesto derrame hidrocarburífero en el puerto
En respuesta a la denuncia realizada por la Cámara Nacional de Acuacultura, el pasado lunes 27 de abril de 2009, donde se reportaba un supuesto derrame de material hidrocarburífero en el sector del Puerto de Guayaquil, el Ministerio del Ambiente, organizó una comitiva encabezada por el Blgo. Carlos Villón, Subsecretario de Calidad Ambiental, para trasladarse a la zona antes mencionada, los días lunes 27 y martes 28 de abril, se realizo la verificación de la denuncia.
Al momento de realizar un sobrevuelo por la zona, se identificaron manchas de color rojizo, café y café oscuro, que al parecer eran producto de residuos hidrocarburíferos en un área de alrededor de 400 millas náuticas cuadradas, esto es desde el sector conocido como Cuarentena Puerto Marítimo hasta la Boya 39.
Inmediatamente se procedió al recorrido en barco, junto al Instituto Oceanográfico de la Armada y se pudo determinar que no era un derrame hidrocarburífero, puesto que no se avistaban peces muertos o restos de materia contaminante.
Se procedió a la toma de una muestra de agua y se determinó que la mancha era producida por un proceso natural conocido como Marea Roja, que se caracteriza por la acumulación de grandes cantidades de algas, microorganismos y nutrientes. De la muestra tomada se determinó que el tipo de algas eran de tipo coclodinium (no tóxica).
Inmediatamente se notificó a las empresas camaroneras del sector que no existían mayores riesgos, puesto que es un proceso natural y que no tiene afectaciones graves sobre el ecosistema.
La única recomendación para las empresas camaroneras es que los procesos de bombeo de agua deben ser menos frecuentes, para que las algas no invadan en exceso las piscinas, puesto que esto podría causar la disminución del oxígeno y la posible pérdida de los camarones.
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El olor a madera recién cortada y los restos de aserrín lo delatan. En las laderas del Pichincha, a unos 40 metros sobre la avenida Occidental, en el tramo entre las avenidas La Gasca y Universitaria, se observan los restos de decenas de árboles recién cortados.
Los vecinos del sector de La Gasca dicen que esa es la evidencia de lo que califican de atentado contra la salud y la naturaleza.
Los permisos, las autoridades de la Administración Zonal Norte informaron que no se ha presentado ninguna denuncia con respecto a la tala de bosques en La Gasca.
El Distrito Forestal adscrito al Ministerio de Agricultura otorga el permiso para la tala de bosques previo a un informe técnico de la Comisaría de Laderas.Galo Puente, un morador, refiere que en los últimos días se han talado alrededor de 400 árboles. Lo peor de todo, dice, es que se trata de un sector que es parte del área de protección ecológica del Distrito Metropolitano.
Juan Muñoz, quien vive junto a la entrada del camino que conduce al sector de Laguna Seca, cuenta, por su lado, que un grupo de entre 15 y 20 personas ha ingresado al bosque desde hace tres semanas. “Mientras unos se encargan de cortar los árboles con motosierras, otros embarcan los desmembrados troncos en camiones”, dice el vecino.
Preocupados por la tala, los lugareños acudieron al Ministerio del Ambiente. Ana Recalde, una de las moradoras, explica que existe una solicitud para talar el bosque en esa zona, pero que aún no ha sido resuelta por las autoridades ambientales.
La mañana de ayer, un grupo de vecinos localizó a una mujer, quien supuestamente tenía un permiso de la Comisaría de Laderas del Municipio de Quito para talar los árboles. No obstante, ella se negó a presentar el documento.
En respuesta a las denuncias de los moradores, la comisaria de Laderas, Patricia Naranjo, señala que los árboles que se cortan se incluyen en el mantenimiento del bosque, “para evitar que los árboles caigan sobre la avenida y causen algún accidente”.
Naranjo y los vecinos coinciden en que los terrenos en los cuales se cortaron los árboles son de propiedad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
Sin embargo, Recalde asegura que no solo se han talado los árboles, que por su edad o su altura representan un peligro, sino que también se han cortado árboles más jóvenes y otros que no estaban cerca de la vía. Este Diario constató que lo dicho por la vecina se ajusta a la realidad.
Hace unos años los vecinos y otros usuarios se opusieron a la tala de árboles en esa zona, donde había la intención de iniciar un proyecto de urbanización.
Por su parte, Byron Vargas explica que las personas que practican deportes o realizan caminatas en el bosque tienen como único interés la conservación del sitio. Allí, afirma, existen especies vegetales y animales propias de la zona. |
El Presidente de la República ratificó que se trata de uno de los proyectos más importantes para el actual Gobierno. Ayer, Rafael Correa aprobó la propuesta definitiva de la Iniciativa Yasuní-ITT.
Es un mecanismo que busca evitar la emisión de 410 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2). Para eso no explotará los 850 millones de barriles de crudo, reserva calculada en el bloque ITT, ubicado en el extremo este del Yasuní.
Según Roque Sevilla, presidente del Consejo que impulsa la iniciativa, el Primer Mandatario, en la reunión de dos horas a puerta cerrada, mantuvo una tónica positiva. “Hizo preguntas puntuales y aprobó la propuesta en espera de resultados de la gestión”, manifestó.
La estrategia ecuatoriana es ofertar los Certificados de Garantía Yasuní, una especie de garantía de que el crudo quedará bajo tierra en forma indefinida.
Por su concepto (evitar la emisión de CO2), no entrarán al sistema del Protocolo de Kioto (venta de bonos de carbono a USD 17 por cada tonelada métrica de CO2). Sin embargo, tendrán una comercialización parecida y, al costo actual, se calcula que el país recibiría USD 697 millones anuales.
Esos recursos se manejarán a través de un fideicomiso y se priorizará la inversión en proyectos hidroeléctricos.
El presidente Correa hará público el apoyo en su cadena radial del sábado próximo y una comisión viajará el 17 de junio a Inglaterra y a Alemania, para ofertar la propuesta.
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Irresponsable, inconsulta, un error”. Así calificó la Compañía General de Combustibles (CGC) la decisión del Gobierno de autorizar el reinicio de sus operaciones en el Bloque 23.
En los mismos términos se pronunciaron ayer sobre este tema los dirigentes de la comunidad de Sarayaku, en una rueda de prensa ofrecida en Quito.
La decisión, notificada por el ministro de Petróleos, Derlis Palacios, disgustó a ambas partes.
Tanto CGC como Sarayaku consideraron que la resolución no hace más que agravar el conflicto.
“Derramarán nuestra sangre, pero no iniciarán la operación petrolera”, dijo Ólger Cisneros, representante de una de las comunidades ubicadas dentro del Bloque 23, en Pastaza.
Sarayaku se ha opuesto a la extracción petrolera desde 1996, cuando CGC entró a su territorio. El argumento de las comunidades es que han desarrollado un modelo propio de economía basado en el turismo.
Los representantes advirtieron, incluso, con recurrir al derecho a la resistencia, consagrado en la Constitución, si el Gobierno insiste en reiniciar la exploración y explotación de hidrocarburos.
CGC no lo hará. “Nos ha caído muy mal este oficio de Palacio, porque en vez de abrir el diálogo parece que lo quiere cerrar y cuando hay un diálogo hablan las partes involucradas y en este caso solo habla él”, dijo Diego Sherriff, vocero de la compañía, para quien no existen las condiciones para reiniciar actividades.
“Nos parece que el Ministro no ha aprendido nada de lo que ha pasado en los últimos años (en la zona). Nosotros aprendimos que en Sarayaku existe un problema de mucha sensibilidad social frente a la actividad de hidrocarburos... por tanto nosotros consideramos inviable reiniciar operaciones”, señaló.
CGC anunció que continuará el arbitraje planteado el 9 de marzo pasado, ante un tribunal internacional en contra del país.
Esta opción da un plazo de seis meses a las partes para que busquen un acuerdo amistoso. Este plazo vence el 9 de septiembre próximo. De no haber acuerdo, se iniciará la demanda.
“Hasta ahora no nos han llamado para dialogar (el Gobierno). Ahora salen con una medida de esta naturaleza, pensando que con lo que escriben ya está solucionado el problema”.
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BOLÍVIA
BRASIL
COLÔMBIA
EQUADOR
PERU
